Las bancadas del PAN y PRI en el Congreso local presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Veracruz para que los servidores públicos de los ayuntamientos y órganos autónomos presenten sus declaraciones de situación patrimonial ante sus propios órganos de control interno, y ya no ante la Legislatura.

Con ello se dará cumplimiento con la homologación de las leyes a nivel federal con la Ley de Responsabilidades Administrativas de Veracruz, la cual, al igual que la Ley General, establece que todo servidor público perteneciente al Estado estará obligado a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y que tratándose de servidores públicos pertenecientes a dependencias y entidades de la administración pública estatal, las citadas declaraciones se presentarán ante la Contraloría; por otro lado, los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Constitucionalmente Autónomos y de los Ayuntamientos, las presentarán ante sus respectivos Órganos Internos de Control.

Y para estar acorde a las distintas armonizaciones que este Congreso realizó en materia de combate a la corrupción resulta imprescindible modificar algunas disposiciones de la Constitución local, pues el Congreso ya no estará facultado para recibir el registro de la situación patrimonial de todos los servidores públicos de la entidad, sino, exclusivamente los correspondientes al Poder Legislativo.

En ese sentido, si los Ayuntamientos y los Organismos Constitucionales Autónomos contarán con su respectivo órgano interno de control, mismo que estará dotado de facultades para llevar el registro de la declaración patrimonial de los servidores públicos, ya no será necesario que la entreguen ante el Congreso del Estado.

Por tratarse de una reforma constitucional y que se requiere de dos periodos consecutivos de sesiones ordinarias para su aprobación, solicitaron que la presente iniciativa sea aprobada mediante el procedimiento especial, toda vez que la misma deriva de un mandato constitucional.