El precandidato del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, propondrá una Ley de Extinción de Dominio expedita para golpear la estructura financiera de la delincuencia organizada.

A través de reformas los artículos 22 y 102 de la Constitución, el priista establece que la autoridad no está obligada a demostrar la adquisición de bienes con dinero ilícito.

Por el contrario, puede actuar con "elementos mínimos suficientes" para presumir la ilegalidad de esa propiedades o recursos económicos.

"El procedimiento de extinción de dominio debe tener un estándar de prueba más bajo, pues su pretensión no es demostrar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de una persona, sino demostrar la probabilidad prevaleciente en un grado mínimo necesario de que las proposiciones formuladas dentro del juicio son verdaderas o falsas", dicta.

En ese sentido, ejemplifica: " con estos procedimientos ya no es necesario demostrar en corte que un automóvil fue comprado con dinero del narcotráfico o a través del contrabando, sino únicamente que existen elementos suficientes para presumirlo, revirtiendo la carga de la prueba respecto a su origen legítimo al particular".

El precandidato presidencial del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, propone penas de hasta 16 millones de pesos y 10 años de inhabilitación a funcionarios públicos que incurran en actos de peculado.

De acuerdo al proyecto que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las empresas las sanciones económicas son de hasta 160 millones de pesos y no podrán participar en procesos de licitación por un periodo de hasta 15 años.

También a través de cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Congreso, todos los funcionarios públicos y legisladores deberán contar con un "certificado patrimonial", mismo que será revisado cada año, para supervisar el avance de la riqueza de estos.

Las certificaciones serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria, mientras que los registros públicos de la propiedad deberán estar avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación.