Hoy miércoles, en el Diario Oficial de la Federación, se anuncia que a los municipios de Xalapa y Veracruz se destinarán siete millones 981 mil 983 pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito.

De los cuales, para Xalapa son cuatro millones 322 mil 710 pesos y para Veracruz tres millones 659 mil 273 pesos.

La Secretaría de Gobernación informó que el monto total de los recursos presupuestarios federales del subsidio asciende a la cantidad de 300 millones de pesos para ser otorgados a las entidades federativas bajo los criterios establecidos en los Lineamientos y deben ser ejercidos durante el presente ejercicio fiscal.
Los recursos del subsidio serán distribuidos entre las entidades federativas mediante la ponderación de población total, factores sociales de riesgo, incidencia de delitos de alto impacto y población de atención prioritaria, siendo las fuentes de información el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y serán aplicados en 64 municipios del país entre los que se encuentran Xalapa y Veracruz.

Se especifica que el subsidio, materia de los lineamientos, tiene como objetivo apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

Todas esas acciones deben ser acordes con los objetivos específicos y estrategias, en términos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014/ 2018.

Los objetivos que se contemplan son incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias, reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/demarcaciones territoriales, entidades federativas y federación.

El ejercicio de los recursos federales del programa deberá alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria. Además, las entidades federativas y la federación podrán incorporar mecanismos para la participación de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de los sectores civil, privado y académico en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los anexos únicos.

Para la planeación, programación, asignación, distribución, implementación y evaluación del programa deben observarse, entre otros, los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.