La planeación y aplicación de las medidas de protección civil en 19 estados se basa en atlas de riesgos que tienen entre cinco y 12 años de haber sido actualizados.

Estos instrumentos sirven para planear las políticas públicas que se implementan ante desastres naturales causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos. También definen las zonas vulnerables en una localidad determinada ante éstos y otros fenómenos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Tlaxcala es la entidad con más rezago en la puesta al día de su atlas de riesgos, actualizado por última vez en 2006. Le siguen Sonora (2007); San Luis Potosí (2008); Hidalgo y Puebla (2009); Campeche, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua (2010).

Aguascalientes lo actualizó en 2011; Durango, Edomex, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán en 2012, y Nayarit, Querétaro y Tabasco en 2013.

La Ley General de Protección Civil obliga a los gobiernos locales a mantener actualizados estos mapas y responsabiliza a la Federación de vigilar su cumplimiento, pero no especifica un plazo para su renovación.

Desde 2015 legisladores federales han desdeñado iniciativas que, de aprobarse, obligarían a los gobiernos a actualizarlos cada tres años.