Al considerar que la defensora del medio ambiente, Bettina Cruz, se encuentra en riesgo por su trabajo en el Istmo de Tehuantepec, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado mexicano proteger de forma inmediata la vida e integridad personal de la activista y su núcleo familiar.

Las medidas cautelares fueron emitidas tras acreditarse la situación de riesgo por el trabajo de la mujer zapoteca, en su lucha ante la imposición de los proyectos Eólica del Sur y Mareña Renovable, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y San Dionisio del Mar, entre otros.

El organismo internacional resaltó la lucha de Bettina Cruz, quien ha expuesto esta problemática ante la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde reclamó “la falta de respeto y garantía de derechos humanos, tanto por el gobierno de México, como por las empresas privadas”.

“Es una fuerte advertencia y a la vez una oportunidad para que el Estado y el sector privado finalmente tomen en serio el trabajo de defensa territorial indígena y cumplan con sus obligaciones internacionales”, dijo Alejandra Gonza, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, representante de Bettina ante organismos internacionales.

La media cautelar de la CIDH se suma a la resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de México emitida hace unos días, de ejercer su facultad de atracción para conocer este caso de la instalación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

Los pueblos indígenas representados por Cruz, denunciaron ante el Alto Tribunal la falta de una consulta libre, previa e informada en la construcción del proyecto Eólica del Sur.

La Corte podría fijar un importante precedente para la defensa de los derechos de los indígenas, determinar el contenido de las obligaciones que tienen las empresas y las distintas dependencias del Estado en materia de derechos humanos y establecer los estándares de derechos humanos que los proyectos derivados de la Reforma Energética deben cumplir.

En Oaxaca existen más de 21 parques eólicos en funcionamiento, cuya instalación ha ocasionado el despojo de tierras, alteración de las formas de subsistencia, costumbres y creencias de las comunidades indígenas desde los años 90.

La medida cautelar a favor de la defensora del medio ambiente se emiten un día después del asesinato de Guadalupe Campanur, activista purepecha, conocida por su defensa de los bosques de Michoacán.