Ciudadanos salieron a las calles a marchar para recordar que han transcurrido 53 años de la matanza estudiantil ocurrida en Tlatelolco, y de la cual hasta la fecha no hay justicia.

Y es que como cada año, en conjunto con organizaciones estudiantiles, populares, sociales y sindicales, salen a las calles a exigir el fin de la impunidad en este caso y por los muchos otros crímenes que se siguen sumando a la lista de agravios cometidos en contra del pueblo en diferentes sectores sociales.

Mencionaron que ante un clima de incertidumbre para el movimiento social, se ha propuesto la creación de una Comisión Presidencial para el esclarecimiento histórico del periodo que comprende desde 1960 a la década de 1980, la búsqueda de personas desaparecidas y el impulso a la justicia.

En esta tesitura, su posición se centra en que para lograr justicia es necesaria una Fiscalía Especial cuya tarea principal sea la de llevar a cabo las investigaciones judiciales necesarias para establecer las responsabilidades penales a cargo de los gobernantes que han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de México.

“Para ello es necesario que esa Fiscalía especial, continúe la judicialización de los casos pendientes y archivados de la fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que haga efectivas las 54 órdenes de aprehensión que quedaron pendientes de ejecutar y profundice la investigación y deslindamiento de responsabilidades contra quienes han perpetrado los crímenes de estado que se han sumado en los años recientes”, expresaron.

Mencionaron que sin importar el partido político que ocupe los cargos gubernamentales, el Estado Mexicano continúa perpetrando violaciones a los derechos humanos o faltando a su responsabilidad de proteger esos derechos, ante la violencia constante que a diario amenaza la seguridad de la población.

“Los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, del agua, la tierra y la violencia generalizada no han cesado en el país”, precisaron.

Finalmente, reiteraron su rechazo a la militarización de la seguridad pública en el país y el creciente poder de las instituciones militares.

“La integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional solo es un formalismo, ya que está integrada por militares y ha actuado bajo su mando. Es evidente que la seguridad pública del país no ha mejorado con su militarización y sí, en cambio, continúa la violación a los derechos humanos y la desaparición de personas que actualmente son más de 90 mil”.

La marcha inició en el Teatro del Estado y concluyó en la plaza Lerdo.