Aunque la ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México identifica claramente el negar la contratación de seguros médicos como una práctica de discriminación, éstas persisten, lamentó Alejandra Lagunes, senadora del Partido Verde, quien señaló que son las personas que viven con VIH-SIDA y adultos mayores quienes las padecen.

Por ello, presentó en el Senado de la República reformas a diversas leyes para evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a seguros personales de gastos médicos y hospitalización.


Explicó que de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación las personas que viven con VIH-SIDA enfrentan una situación caracterizada por la vulneración o negación sistémica de diversos derechos, además de que se les niega el acceso a la contratación de seguros de vida y se les limita la contratación de seguros de accidentes y enfermedades o bien se les imponen modalidades que constituyen una restricción difícilmente salvable.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo publicó en 2015 un documento en el que se señala que las enfermedades relacionadas con el VIH continúan siendo excluidas de esquemas de seguros tanto públicos como privados y las personas que viven con alguien con VIH se les niega con frecuencia un seguro, o se les otorga a un costo sustancialmente más alto.

Ante esto, la senadora ecologista planteó modificaciones a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para que en la definición actual de “usuario” se incluya a la persona que solicita o recibe la oferta de un servicio financiero. Lo anterior con el fin de proteger a las personas de todo acto de discriminación, desde el momento en que inicia su contacto con las aseguradoras.

Y en la ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se propuso la prohibición, a las aseguradoras, de negar a los usuarios la atención o contratación de seguros, por cualquier motivo, considerándolo como discriminación. De igual manera, en la Ley General de Salud se propone establecer en las normas oficiales mexicanas para los seguros personales de gastos médicos y hospitalización que la Secretaría de Salud proporcione a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en consulta con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, medidas que eviten cualquier tipo de discriminación.