El pasado 27 de agosto, senadores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron una iniciativa para que se realice una consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe investigar y enjuiciar a expresidentes del país por presuntos actos ilícitos.

Sin embargo, de acuerdo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, de aprobarse y realizarse dicha consulta, esta costaría al INE más de siete millones de pesos, además de los gastos de logística e implementación.

“De juntarse este millón 800 mil firmas el INE tiene que constatar que las firmas son de quienes dice ser, y de entrada el INE va a tener un mes para hacer esta evaluación y se va a gastar más de siete millones de pesos solamente en constatar.

Para una época de austeridad me parece un despropósito y más que esta consulta popular no es la vía idónea para el fin que se quiere. Si lo que se quiere es enjuiciar a los presidentes basta que una persona vaya a la Fiscalía General de la República y presente la denuncia correspondiente”, mencionó el profesor de Derecho Constitucional de la UNAM en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Asimismo, explicó que lo que se necesita para que se apruebe la consulta ciudadana es que “se deben de reunir un millón 800 mil firmas, es decir, el dos por ciento de la lista nominal de electores que deben hacer la solicitud al Congreso, o que el 33 por ciento de diputados o de senadores también haga esa solicitud, o el presidente de la República considerando un tema de trascendencia nacional”.

La estimación de los 7 millones de pesos es en base a lo que se gastó el INE en 2015 en el que “para estar revisando las firmas de las cuatro preguntas que se propusieron en aquel tiempo se gastaron casi 30 millones de pesos”, agregó.

“La SCJN es quien va a revisar la constitucionalidad de la pregunta. Posiblemente el tema continúe desde el punto de vista político”.

Por otra parte, en opinión de Francisco Burgoa la propuesta de Morena debe desecharse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues se está atentando contra los derechos humanos de los exmandatarios.

“La corte debe desechar esta eventual pregunta porque está atentando contra el principio de presunción de inocencia de los expresidentes. No es que los defienda, simplemente que si alguien tiene alguna prueba debe ir a la Fiscalía”.