Multas que ascienden a 350 millones de pesos fueron impuestas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en un periodo de cinco años, a empresas que no resguardaron de manera correcta los datos personales.

El tráfico de bases de datos se traduce, por ejemplo, en llamadas para que los ciudadanos adquieran una tarjeta de crédito, un cambio de compañía celular, un seguro y hasta el robo de identidad.

El Inai inició mil 692 investigaciones preliminares al sector privado y al 30 de noviembre de 2017 se concluyeron mil 550.

En menor medida están las indagatorias al sector público, pues en cinco años se iniciaron 52 y concluyeron 45.

De acuerdo con Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del órgano de transparencia, la protección de datos personales también depende de la propia persona, pues en muchas ocasiones se entrega la información de manera “indiscriminada” y eso se convierte en una amenaza grave.

Así, el ciudadano tiene el poder de denunciar el mal uso de sus datos a través del derecho ARCO.