El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para eliminar el fuero constitucional del Presidente de la República, quien así podrá ser acusado no solo por traición a la Patria, sino también por actos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los enlistados en el artículo 19 de la Constitución.

Entre estos últimos destacan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y los determine la ley en contra de la seguridad de la nación.

Avalado por mayoría calificada, con 420 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones, el proyecto fue devuelto con modificaciones al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen establece, sin embargo, que para proceder penalmente contra el Presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante el Senado de la República y éste resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Los legisladores morenistas Mario Delgado y Pablo Gómez defendieron los alcances de la reforma constitucional para poner fin a la impunidad presidencial.

“Con esta reforma se termina el esquema de impunidad que actualmente protege al Presidente de la República, que impide que durante el tiempo de su encargo sea procesado y sentenciado penalmente; lo anterior atiende una demanda social y una promesa de campaña realizada por Andrés Manuel López Obrador”, puntualizaron.

Los grupos parlamentarios de la oposición reconocieron que la ampliación del catálogo de delitos imputables al Presidente de la República en funciones representa un avance importante, sin que ello signifique eliminar la inmunidad procesal del Ejecutivo.