El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que integrantes de su familia hagan gestiones para que ediles de Chiapas se afilien a Morena y a cambio, les den fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores.

“Habría que probarlo seguramente es una nota del Reforma y suelen distorsionar las cosas, no ser profesionales”, dijo durante la conferencia en Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que Reforma diera a conocer que su hermano Pío López Obrador promete privilegios a alcaldes de otros partidos a cambio de sumarse al proyecto encabezado por el gobernador morenista Rutilio Escandón.

“Desde luego no debe de haber influyentismo ni amiguismo ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, añadió AMLO.

El mandatario dijo que se le hace una exageración que el diario asegure que su hermano ofrece que no habrá auditorías para los presidentes municipales que participen en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “como que pinta para calumnia, por aquello de que la calumnia cuando no mancha tizna”.

No obstante, señaló que “está mal que familiares, que amigos tomen esas decisiones, pero hay que ver si es cierto porque los conservadores y sus voceros, sus medios, están últimamente muy nerviosos, desquiciados, inventando cosas, vuelan mucho”

Reiteró que nadie de su familia está vinculado con estas actividades, e incluso manifestó que en un memorándum que envió el pasado 13 de junio dio a conocer que ningún familiar ni amigo vinculado con él puede cometer en su nombre ningún acto ilícito, “además no solo no deben de hacerlo, sino que además caerían en la esfera del derecho penal y serían juzgados”.

“No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de su recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños, y demás miembros de mi familia cercana o distante”, se lee en el texto presentado por López Obrador.

Asimismo resalta que los funcionarios públicos no tienen “la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”.