
Algunos de ellos se quedaron sin trabajo y otros padecen aún de estrés postraumático. Hombres, mujeres y niños que perdieron la movilidad de alguna parte de su cuerpo e incluso, sufrieron la amputación de una pierna o un brazo. Por si fuera poco, hay quienes también perdieron para siempre a un ser querido.
Son las víctimas de los atentados perpetrados con granadas de fragmentación la noche del 15 de septiembre de 2008 en el zócalo de Morelia, Michoacán. Aquel ataque con explosivos ocurrido en pleno festejo patrio –calificado como atentado terrorista por el gobierno– y del que hoy se cumplen 11 años.
Ads by scrollerads.com
Una década en la que no ha habido justicia ni reparación del daño para los afectados.
La investigación oficial de este caso, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), acumula años empantanada. Las personas a las que en su momento detuvo y acusó ante los medios de ser las responsables terminaron en libertad pues fueron torturadas para declararse supuestos autores del ataque.
Como no hay culpables sentenciados, tampoco hay responsables a los que un juez pueda exigirles que reparen a las víctimas el daño causado. Las pifias de PGR no solo tambalean el caso, sino con ello el reconocimiento legal de los afectados.
Las instancias que el Estado tiene para apoyar a las víctima: Comisiones de Atención Especializada, a nivel nacional y local, no se acercaron a los afectados para ofrecerles el beneficio de una indemnización integral o de reparación. En algunos casos, solo les han ayudado con alguna pensión, medicamento o beca. En otros, ni eso.
Cuando las víctimas se enteraron de la reparación a la que por ley tienen derecho y decidieron buscarla por su cuenta padecieron de todo, desde la supuesta pérdida de sus expedientes, hasta trabas e intimidaciones del propio personal que debería de apoyarlas, acusan.
El saldo oficial de la detonación de las granadas de fragmentación de Morelia durante la fiesta del grito del 15 de septiembre fue de ocho personas muertas y más de 130 lesionadas.
