Patrick Crusius, de 21 años, fue acusado oficialmente del tiroteo del 3 de agosto que dejó 22 muertos, dijo el jueves el fiscal Jaime Esparza. La fiscalía de El Paso quiere que se aplique la pena de muerte a Crusius, que permanece preso sin derecho a fianza.

Los defensores de Crusius no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones. El abogado Mark Stevens había dicho previamente que recurriría a “todas las herramientas legales disponibles” para evitar la ejecución de Crusius.

Los fiscales dijeron que Crusius, residente de Allen, Texas, se entregó a la policía después de la matanza. Dijo en ese momento, “soy el que disparó”, y añadió que su blanco eran los mexicanos. En otro documento, los fiscales alegan que Crusius es el autor de un manifiesto en que llama a “una respuesta a la invasión hispana de Texas” publicado poco antes de la matanza.

Sobrevivientes de la masacre han realizado vigilias en varios lugares de la ciudad, incluso frente a la cárcel en el centro de El Paso donde Crusius permanece aislado de otros presos y bajo vigilancia preventiva de suicidio.

La matanza ha provocado indignación entre los partidarios del control de armas y los defensores de los inmigrantes, así como una reacción política.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott reconoció semanas después del ataque que “se cometieron errores” cuando envió un mail de recaudación de fondos en el que alentó a sus partidarios a “tomar el asunto en nuestras manos” y “DEFENDER” Texas. Abbott ha prometido invertir en una fuerza de tareas contra el terrorismo interior y ha insinuado que apoyaría una ampliación de la averiguación de antecedentes de quienes quieran comprar armas. Se ha negado a regular la venta de fusiles de uso militar como el que utilizó Crusius, según las autoridades, en El Paso.

El vice gobernador texano Dan Patrick provocó la ira de la NRA la semana pasada al expresar su apoyo a la averiguación de antecedentes.