El Congreso de Guatemala aprobó ayer el estado de sitio declarado por el gobierno de Jimmy Morales para combatir la proliferación del narcotráfico.

Durante una sesión plenaria, los parlamentarios validaron con 87 votos esta emergencia, por al menos 30 días, en casi una veintena de municipios de seis departamentos del noreste del país, limitando varios derechos constitucionales.

Los municipios donde se aplicará forman parte de un área del país inmersa en conflictos sociales, no sólo por la presencia de grupos del narcotráfico, sino de empresas mineras y de aceite de palma contra las que muchos habitantes se oponen por sus efectos en el medio ambiente.

El gobierno declaró el estado de sitio después de que una brigada de la marina fuera emboscada por un grupo de narcotraficantes en el departamento de Izabal el pasado martes, dejando tres militares fallecidos, cinco heridos y uno ileso.

El diputado oficialista de Frente de Convergencia Nacional Estuardo Galdámez, que fue kaibil (soldado de élite), defendió la propuesta del gobierno porque Guatemala está “a punto de perder el territorio nacional” por estos grupos que, a su juicio, se vieron favorecidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Y es que a su juicio ese ente, que terminó su mandato el pasado 3 de septiembre porque el gobierno decidió no renovarlo al entender que se había extralimitado en sus funciones, “desmilitarizó el Ejército y destartaló las estructuras de la seguridad nacional” mientras andaba “persiguiendo” diputados por plazas fantasma y al sector económico.

De acuerdo con las enmiendas aprobadas al acuerdo inicial emitido por el gobierno, queda establecido que el objetivo es “recuperar la seguridad y la tranquilidad” en el área y que por ello el Consejo de Seguridad Nacional deberá rendir al Organismo Legislativo un informe, ocho días después de finalizado, de los logros alcanzados.