De acuerdo a un estudio del ITAM, comisionado por la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura (CALC), en 2018, el 46.6 por ciento de los consumidores de ebooks utilizaban versiones pirata, generando pérdidas anuales por mil 600 millones de pesos en libros físicos y más de más de mil millones en versiones digitales. Por ello, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (Cempro) considera que la reforma a la Ley de Fomento a la lectura y el Libro, impulsada por la senadora Susana Harp, debe contemplar medidas contra la piratería.

“La aplicación del precio único al ebook puede contribuir de cierta manera a reducir la piratería, porque habría un mercado más regulado, pero no totalmente; creo que se requieren medidas más estrictas, sobre todo en cuanto a la navegación en Internet”, declaró José Antonio Gebara, presidente del Cempro, a La Razón.

Por su parte, Carlos Anaya Rosique, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), señaló que esta reforma debe ir acompañada de modificaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor, de tal forma que se profundicen las medidas de protección hacia el libro digital.

“Se debe regular y establecer elementos que protejan el derecho de autor, que su obra no sea un objeto que pueda ser pirateado; la ley, en ese sentido, tiene que darle certeza a los autores y al público”, resaltó.

Las medidas que los especialistas consideraron deben ser aplicadas son un control de aquello que se sube a las plataformas y páginas web que acredite la legitimidad de los derechos del material y, en caso de las redes sociales, que se identifiquen los links que remitan a títulos no autorizados, “y que así se solicite la baja de los mismos o se niegue el comercio”, señaló Gebara.

“Debe haber sanciones, tanto para la plataforma que permita la circulación del libro pirata, como para la página donde esté alojado; a la web se le advierte, pero si no hace caso se dé de baja. Es como una librería física: si en ella hay libros piratas, se clausura”, añadió.

También es necesario que las plataformas verifiquen la legalidad de lo que se sube a éstas; “muchos sólo te van a decir: ‘’yo sólo presto el servicio’, pero sí poseen ciertos controles en cuanto a las formas de conducirse dentro de sus plataformas. Hemos tenido muchos casos que en Mercado Libre, e incluso Whatsapp, se comercializan obras apócrifas”, detalló.

“Por si fuera poco, cuando se logra bajar un link, de inmediato se sube otro; por ello tenemos que estar a diario buscando, rastreando y revisando porque no se aseguran productos físicos”, abundó.

Parte de los ebooks cuentan con medidas de seguridad ante la piratería: cuando se hace una copia de éstos, el duplicado se desconfigura, le faltan páginas o sale incompleta. Para remediarlo, el crimen organizado busca digitalizar un ejemplar físico u obtener el archivo madre desde las imprentas.

“Uno se encuentra libros de la SEP en Internet, y éstos ni siquiera se venden. La digitalización del ejemplar físico afecta mucho a los editores de libros técnicos y científicos”, lamentó Anaya Rosique.

A finales de enero de este año, el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, realizó una reunión con la Subcomisión de Derechos de Propiedad Intelectual de la Cámara baja en la que aseguró que se mantendrían diálogos para diseñar un marco legal adecuado para fortalecer la Ley Federal de Derechos de Autor.