La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó la construcción y operación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), al considerar que el impacto ambiental era mínimo, para el cual, recomendó una serie de medidas para contrarrestar el daño que pudieran causar durante los 50 años de operación, además de condicionarlo.

Al presentar la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto aeroportuario, la dependencia señaló que la autorización tendrá una vigencia de 33 años, para llevar a cabo las etapas de preparación del sitio y la construcción de las obras del proyecto las cuales estarán divididas en cuatro fases.

La primera etapa se desarrollará de 2019 a 2022 (fase inicial); la segunda de 2022 a 2032; la tercera del 2032 a 2042 y la cuarta de 2042 a 2052 (fase final). Además, la vigencia de operación y mantenimiento por 50 años prorrogables conforme a la revaloración del Plan Maestro vigente.

En este sentido, el documento refiere que el plazo comenzará a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución; en tanto que el plazo de operación y mantenimiento iniciará al término de la fase inicial.

Respecto al tema de los riesgos y afectaciones, la desentendencia puntualizó, que si los riesgos son altos, la Secretaría podría exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así como la instrumentación de programas de compensación, además de medidas de seguridad.

“En caso de que las obras y actividades autorizadas pongan en riesgo u ocasionen afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos presentes en el predio, así como en su área de influencia, la Secretaría podrá exigir la suspensión de las obras y actividades autorizadas en el presente oficio”, sostuvo.

De la misma manera, aseguró que debido a la dinámica humana que se ha dado en la zona en los últimos años hay baja presencia de fauna silvestre, por lo que no hay riesgo para ésta.

“Se notó una perturbación antrópica producto de las necesidades y dinámica propia del área, junto con una ausencia de especies de fauna silvestre, el área del proyecto, en comparación con la Laguna de Zumpango, ex lago de Texcoco, Sierra de Guadalupe y Cerro de Paula, contiene una baja riqueza de especies, con una mayor presencia de aves que utilizan el área como sitio de paso o forrajeo”, según el documento.

No obstante, dentro del análisis de la matriz cribada, se establece que la ejecución del Proyecto generará 38 impactos adversos significativos y 31 impactos benéficos significativos.

Respecto a ello, dijo que se debe destacar que la mayoría de los impactos adversos tienen medidas de mitigación para atenuar, disminuir, prevenir, controlar o compensar el impacto, y que para el caso de los impactos benéficos en la mayoría se tendrán medidas para preservar el mismo.

Con base en el análisis realizado y a juicio de expertos, el principal impacto adverso será el que ocasione las mayores afectaciones en cualquier etapa de desarrollo del proyecto y este consistirá en las emisiones contaminantes a la atmósfera y ruido generada en la etapa de operación del Proyecto; además de la explotación de la explotación del acuífero para su puesta en marcha.

JURIDICAMENTE, OBRA SIGUE SUSPENDIDA

Después de que la Semarnat diera a conocer la resolución de la MIA, el colectivo #NoMasDerroches, formado por organizaciones civiles como Cause en Común y Mexicanos contra la Corrupción, aseguró que si bien, ya se entregó el resolutivo, el Poder Judicial de la Federación no condicionó la construcción del Aeropuerto sólo a este requisito.

De acuerdo con el especialista en derecho aeronáutico, Rogelio Rodríguez, las suspensiones en los juicios de amparo, tanto las provisionales, como las definitivas, no sólo se interpusieron por la ausencia de la MIA; sino por la falta de las aprobaciones sobre la seguridad y viabilidad del aeropuerto; acreditar las capacidades técnicas, financieras, administrativas y jurídicas, que corresponderían a la SCT.