En la era de la dictadura de Anastasio Somoza (1936-1979) en Nicaragua, derrotada después por la Revolución Sandinista, se estima que la pobreza atacó a más de la mitad de la población. Para 2017, el índice bajó a 20 por ciento y el PIB per cápita pasó de 484 a 2 mil 161 dólares en el mismo periodo; sin embargo, el crecimiento se vio opacado por la represión que recientemente ha ejecutado el gobierno de Daniel Ortega, el hoy máximo representante del sandinismo.

A 40 años del movimiento que puso fin a una dictadura, críticos tanto nacionales como internacionales, cuestionan la manera en que el nuevo régimen se convirtió en lo que prometió destruir, con un país hundido en caos y golpeado por el brazo de grupos paramilitares que ahogan protestas y cualquier síntoma de disidencia social.

Según el Banco Mundial, la pobreza cayó de 48.3 por ciento en 2005 a 24.9 por ciento en 2016. El servicio eléctrico ahora alcanza el 95 por ciento de los hogares, según cifras oficiales. Y la red de agua potable cubre a 66 por ciento de la población, de acuerdo con cifras de 2014 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es decir, todos los índices de la economía nicaragüense se recuperaron de manera exponencial, hasta que, en los últimos dos años, las acciones del gobierno contra la población inconforme comenzaron a golpear los procesos.

Tras la revolución, los sandinistas nacionalizaron 2 mil fincas que estaban en manos de los Somoza y sus allegados, establecieron la gratuidad de la educación y la salud y promulgaron una reforma agraria.

Se redujo el analfabetismo de 50 a 12 por ciento, con una cruzada nacional en 1980, que fue reconocida por la Unesco. Pero los planes de recuperación económica y social también se vieron frenados en esos años por un embargo de Estados Unidos, que apoyó a los rebeldes de la “Contra” para intentar acabar con la revolución sandinista por su afinidad con Cuba y la Unión Soviética.

Según describe el diario La Prensa, con el país en ruinas por la guerra civil y críticas por lo que se consideraba un cierre de espacios democráticos, Daniel Ortega, quien timoneó la nación tras la revolución, perdió en los comicios de 1990 ante una alianza opositora que llevó a Violeta Chamorro al poder. Ortega, ahora de 73 años, retornó la presidencia en 2007 y se reeligió dos veces en comicios cuestionados por la oposición. Emprendió desde entonces una “nueva etapa de la revolución”.

Desde entonces, recibió 4 mil 800 millones de dólares de cooperación venezolana entre 2008 y 2018, y ejecutó proyectos para combatir la pobreza, como el programa Hambre Cero, que benefició a más de 51 mil familias hasta 2011.

Pero llegó 2018 y una ola de protestas dejó más de 300 muertos, cientos de detenidos, 62 mil exiliados, recesión (la economía se contrajo 3.8 por ciento en 2018), cierre de pequeñas empresas y la pérdida de más de 400 mil empleos, todo porque el gobierno se sintió intimidado por un grupo de jóvenes que protestó de manera pacífica contra una reforma al sistema de seguridad social.

La represión de las manifestaciones afectó las relaciones con Washington, que impuso sanciones que limitan el acceso de Nicaragua a créditos internacionales, así como contra activos de figuras del régimen, incluyendo la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo.