La Guardia Nacional puede y está llamada a ser parte de la solución que el país requiere para sus problemas de violencia e inseguridad, pero no es ni puede ser en sí la solución misma, afirmó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Al participar como invitado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional, dijo que por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no se cuenta con 33 fiscalías autónomas.

Además, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen, en esto y otros temas los gobiernos estatales tienen una gran responsabilidad.

“El perfil de la Guardia Nacional debe ser policial y civil, las policías de estados y municipios deben fortalecerse y el Ejército debe volver en los plazos planteados a las funciones que le son propias”, acotó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Recordó que, si bien en las últimas dos décadas la seguridad se ha inventado, reinventado y rediseñado en México, sin que se hayan obtenido los resultados esperados, "ello no es óbice para suponer que tenemos que desechar todo lo existente y empezar desde cero en la generación de recursos y capacidades".

“No es posible que se estigmatice y descalifique, en lo general, a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros”, abundó.

Destacó que la capacidad, honorabilidad y profesionalismo de los miles de mexicanos que han comprometido su vida en estas áreas, no depende de las épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas o ideológicas.

González Pérez opinó que es claro depurar y revisar a las policías como un paso previo a su fortalecimiento, pero ello debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos, que permitan desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con las organizaciones criminales.

Lo anterior, remarcó, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos, y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.

Además, resaltó que ante el despliegue de este nuevo cuerpo de seguridad pública, es prioritario establecer y poner en práctica los protocolos de actuación y mecanismos de coordinación con autoridades e instancias federales, así como administraciones locales y municipales.

Por ejemplo, dijo, sería deseable que se hicieran públicos los protocolos y esquemas de coordinación con los que se opera en apoyo a las autoridades migratorias, en particular por lo que hace a las facultades y procedimientos de detención de personas con una condición migratoria irregular.