El gobierno chino condenó ayer con extrema dureza el asalto del lunes al Parlamento de Hong Kong, protagonizado por cientos de manifestantes, en protesta por el intento del gobierno de la excolonia británica de legalizar la extradición a China, como pretende el régimen comunista.

El Departamento chino de Asuntos de Hong Kong y Macao acusó a los activistas de “pisotear la ley de forma muy violenta” y pidió al gobierno autónomo que aplique el máximo castigo que contempla la ley local, que son diez años de cárcel para este tipo de vandalismo.

Pekín mostró su “firme apoyo” a la polémica gobernadora Carrie Lam, que no oculta su simpatía hacia las autoridades chinas, y a la Policía local para que “se encarguen del incidente con arreglo a la ley” e “investiguen la responsabilidad penal de los delincuentes violentos”.

“Los actos violentos infringen el Estado de derecho, menoscaban el orden social y dañan los intereses fundamentales” de Hong Kong, al tiempo que suponen un “desafío descarado al principio de Un país, Dos sistemas”, que otorga autonomía a la excolonia, denunció el gobierno chino.

La manifestación de ayer se produjo en el mismo día en el que se celebraba el vigésimo segundo aniversario del traspaso de la soberanía de Hong Kong a China por el Reino Unido, y en ella participaron, según los organizadores, unas 550 mil personas.

“RESTAURAR EL ORDEN”. El portavoz del organismo reiteró su apoyo a los líderes locales y a la Policía para que “cumplan sus tareas”, entre las que destaca “restaurar el orden social normal lo antes posible, salvaguardar la seguridad personal y de las propiedades de los ciudadanos, así como la prosperidad y estabilidad de Hong Kong”.