Cuando el gobierno de Nicolás Maduro aumenta el número de arrestos a militantes de la oposición, a través de su policía política, su sistema penitenciario colapsa, con graves violaciones a los derechos humanos.

Así lo denunciaron organizaciones civiles, que lanzaron ayer informes basados en denuncias que alarman por el hacinamiento que viven cientos de reclusos.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), “en cada comando policial hay entre 200 y 300 personas detenidas cuando son sitios con capacidad para 20, 30 o hasta 50 personas”.

Por citar un ejemplo, la delegación de la Policía Nacional Bolivariana en la zona de Boleíta, en el estado de Miranda, debería albergar a 250 presos, pero a finales de 2018 se registró una población de mil.

En el mismo sentido, la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) documentó casos de reos que ya cumplieron más de tres años en celdas, donde además no cuentan con recursos para alimentarlos ni atenderlos en caso de enfermar.

El coordinador del OVP, Humberto Prado, explicó en un informe que en los calabozos venezolanos se viven situaciones de convivencia “inhumanas”. Los privados de libertad “duermen parados o sentados, deben defecar en bolsas o recipientes, no los sacan a ver el sol y las visitas semanales son de 5 a 15 minutos”.

A esto se suma que “más de 60 por ciento de la población carcelaria no recibe alimentación adecuada diaria”, constata el informe.

“Muchos no tienen a una familia que vele por ellos, razón por la que no reciben comida por esa vía”, denuncia Prado.

En el primer trimestre de 2019 fallecieron 31 presos en separos policiales, según el monitoreo realizado por el OVP, quienes especifican que 12 de estos ciudadanos fallecieron de forma violenta, mientras que otras 17 perdieron la vida por sus condiciones de salud (desde insuficiencia renal hasta desnutrición).

El hacinamiento y las condiciones de estos recintos han llevado a los presos a protestar, por ello ha habido motines que generan gran cantidad de muertos. El más reciente, en una comisaría en Acarigua, el pasado 24 de mayo, dejó 30 reos muertos y 20 heridos. La OVP afirmó que exigían el ingreso de visitas, comida, grupos deportivos, predicadores, cigarros y bebidas alcohólicas.

Por su parte, un juez titular jubilado en el estado Mérida, contó a El Universal de Caracas que el gobienro ha “disfrazado el hacinamiento”.

Agregó que los directores de los recintos tienen órdenes de aceptar entre 10 y 15 reclusos mensuales en las cárceles pequeñas, que tienen capacidad de albergar alrededor de 20; sin embargo, llega a haber entre 60, 80 y hasta 100 internos.