Un salvadoreño miembro de la pandilla MS-13 fue sentenciado a 55 años de cárcel por su participación en el asesinato de cuatro jóvenes varones en Long Island.

Josué Portillo, que tenía 15 años el día de la matanza de abril del 2017, reconoció haber planeado los homicidios junto con otros acusados porque dijo que creían que eran pandilleros rivales. Justin Llivicura, de 16 años, Michael López, de 20, Jorge Tigre, de 18, y Jefferson Villalobos, de 18, fueron atraídos a un parque y atacados con machetes, cuchillos y porras.

“Nada puede traer de vuelta las vidas jóvenes perdidas, y ninguna sentencia impuesta por un tribunal puede verdaderamente hacer justicia en esta situación, pero el Distrito Este y nuestros socios en la Fuerza Especial Antipandillas de Long Island del FBI seguirán trabajando incansablemente para eliminar el flagelo de la violencia de la MS-13”, afirmó Richard Donoghue, fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, en un comunicado.

Tras estos y otros hechos de violencia, incluido el asesinato de dos muchachas en Brentwood en el 2016, el Congreso convocó a audiencias, y el presidente Donald Trump y el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions visitaron Long Island.

En un momento dado, Trump pareció referirse al caso directamente, al afirmar que los miembros de la MS-13 “han transformado parques pacíficos de bellos vecindarios en campos de la muerte”.

La MS-13, o Mara Salvatrucha, recluta a adolescentes de El Salvador y Honduras, aunque muchos pandilleros nacieron en Estados Unidos. Se le adjudican docenas de asesinatos en una amplia franja de Long Island desde enero de 2016.

Antes de ser sentenciado en el tribunal federal, Portillo, ahora de 18 años, se disculpó en español ante el juez por los homicidios.

“Sé que lo que he hecho estuvo muy mal”, afirmó, según una traducción proporcionada por Newsday. “Ofrezco disculpas por mi crimen y siempre rezaré por las familias de estas víctimas, ninguna de las cuales merecía morir”.

Portillo ingresó a Estados Unidos de manera ilegal. Será deportado a El Salvador al concluir su sentencia, la cual incluye una orden para pagar 24 mil dólares a las familias de las víctimas para gastos funerarios.