La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, advirtió que mantendrá -por necesario- el proyecto de Ley de Extradición que permitiría enviar a China a personas que cometieron un delito, mientras el Gobierno de China señaló que detrás de las protestas existe “injerencia exterior”.

En rueda de prensa aseguró que su gobierno dejaría constancia de sus compromisos con las salvaguardas de los derechos humanos, como parte de cualquier proceso futuro.

La propuesta de ley de ninguna manera erosionaría alguna de las libertades especiales de las que goza el territorio, y señaló que la ley fue propuesta por “conciencia” y “compromiso con Hong Kong”.

“Para aquellos que han expresado sus puntos de vista, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, quiero agradecerles a todos ustedes, porque el escrutinio de nuestro trabajo es un factor importante para mejorar la gobernabilidad de Hong Kong“, dijo Carrie, según publicó el diario South China Morning Post.

Al ser cuestionada sobre si renunciaría, la jefa del Ejecutivo señaló que Hong Kong necesitaba un gobierno estable cuando la ciudad enfrenta una inestabilidad económica.

Este domingo, cientos de miles de personas marcharon por las calles de esta ciudad para protestar en contra de la propuesta de dicha Ley, quienes habrían sumado un millón de participantes, según los organizadores, mientras que la policía estima que fueron 240 mil.

Por su parte, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, reiteró en rueda de prensa que entre los opositores a la ley existía una “intervención exterior”.

Geng dijo que China continuará apoyando firmemente al Gobierno de Hong Kong.

El próximo miércoles está programada otra manifestación, cuando el Consejo Legislativo comenzará a debatir la iniciativa de ley, que establece que los sospechosos de delitos mayores de 20 años podrían ser extraditados a China si las autoridades de ese país lo solicitan.

De ser aprobada la ley, los jefes del Ejecutivo y los tribunales de Hong Kong podrían tramitar las solicitudes de extradición, caso por caso, sin supervisión legislativa, pero las cortes locales tendrían poder de veto para impedir ciertas extradiciones.