El enfrentamiento entre la Fiscalía General de Colombia y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desembocó este miércoles en una inédita crisis jurídica que llevó a la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal, a las que se sumó ayer la dimisión de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero,

En el centro de la controversia está la solicitud de extradición a Estados Unidos del exlíder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, detenido desde el 9 de abril de 2018 bajo la acusación del delito de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz.

La JEP denegó la solicitud de extradición con el argumento de que “por falta de pruebas no pudo evaluarla”, y ordenó a la fiscalía “disponer la libertad inmediata” del detenido.

Según la JEP, “el departamento de Justicia de EU no remitió las evidencias solicitadas y en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”.

EU acusa a Santrich de querer hacer llegar diez toneladas de cocaína al país.

En el momento del arresto, el entonces presidente Juan Manuel Santos aseguró que el fiscal general tenía “pruebas contundentes y concluyentes” de los delitos del exlíder de las FARC.