Ford reveló este viernes que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación criminal para determinar si la compañía refleja de forma exacta las emisiones de sus vehículos en la información que proporciona al público y a las autoridades.

La información aparece en la página 70 del formulario del informe financiero del primer trimestre del año que la compañía envió hoy viernes a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).

La compañía automovilística también reconoció que no puede descartar que la investigación impacte negativamente a sus cuentas de resultados.

"Estamos colaborando totalmente con todas las agencias gubernamentales", aseguró Ford, que añadió que no puede prever el resultado de la investigación ni "proporcionar garantías de que no tendrá un efecto material negativo" para la empresa.

Este jueves, Ford dio a conocer los resultados del primer trimestre de 2019 y aunque sus principales directivos mantuvieron una conferencia telefónica con analistas del sector y medios de comunicación, ni el presidente de la compañía, Jim Hackett, ni su director financiero, Bob Shanks, revelaron la apertura de la investigación criminal.

Ford explicó en un párrafo en el formulario 10-K enviado a SEC que el problema se centra en "temas relacionados a los cálculos de carga en carretera, incluido el modelado analítico y las pruebas de inercia".

Ford también añadió que el problema no está relacionado con el uso de aparatos para falsear las emisiones reales, como fue el caso del escándalo de Volkswagen (VW), que instaló software en centenares de miles de automóviles para trucar los motores diésel así como los resultados de las pruebas de emisiones.

VW ha tenido que pagar casi 15.000 millones de dólares en multas e indemnizaciones en Estados Unidos a consecuencia del trucaje de sus motores diésel. Además, la compañía todavía se enfrenta a demandas en el país que pueden causar el pago de más indemnizaciones multimillonarias.

Y en enero de este año, Fiat Chrysler (FCA) acordó pagar 800 millones de dólares a las autoridades estadounidenses para resolver demandas sobre el uso de software ilegal para ocultar las emisiones de sus motores diésel.

El acuerdo evitará que FCA se enfrente en los tribunales a demandas interpuestas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el Departamento de Justicia y 50 estados, entre otros organismos públicos.