El Parlamento de Australia aprobó hoy una iniciativa de ley que busca evitar la transmisión de contenidos extremadamente violentos a través de las redes sociales.

La nueva legislación se presentó en respuesta a la masacre de Christchurch, en Nueva Zelanda, donde un australiano armado transmitió en vivo y directo a través de Facebook, su ataque contra dos mezquitas en la que acribilló a quemarropa a 50 personas.

La controvertida ley establece penas de prisión de hasta tres años para los ejecutivos de las compañías tecnológicas que no borren inmediatamente los contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros, o una multa del 10 por ciento de la facturación anual de la plataforma.

La ley, que fue aprobada este jueves en la Cámara de Representantes y la víspera por el Senado, requiere que las plataformas en cualquier lugar del mundo notifiquen a la Policía Federal Australiana tras percibir que se está transmitiendo a través de los servicios que brindan de la difusión de estos contenidos en Australia.

"Los sucesos de Christchurch nos muestran que las plataformas de Internet pueden ser usadas para difundir mensajes de odio y terror", argumentó el fiscal general de Australia, Christian Porter, ante el Parlamento, para justificar las leyes.

"Este proyecto de ley constituye una parte importante de la respuesta del Gobierno australiano a estos eventos", agregó Porter.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ley, Arthur Moses, señaló que la legislación que está tomando medidas enérgicas contra las compañías de redes sociales que publican contenido abominable se ha "apresurado" sin un análisis adecuado.

Moses dijo a Sky News que las leyes pueden tener "consecuencias no deseadas" en los medios de comunicación.

El Gobierno destacó que Australia se convertirá ahora en el primer país del mundo en penalizar a los gigantes de las redes sociales con cárcel y millones de dólares en multas si no eliminan rápidamente materiales violentos.

El proyecto de ley se convertirá en ley después de un consentimiento real del gobernador General en las próximas semanas.