La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que Nicaragua vuelve a ser parte de su “lista negra” ante la crisis generada por la instalación “de facto” de un Estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y clausura de medios.

Se trata de la primera vez en 25 años que Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, que esta vez se refiere a 2018 y cada año nombra a los Estados del continente americano donde el respeto a los derechos humanos merece la “atención especial” del organismo.

Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, explicó que el establecimiento de ese Estado de excepcionalidad fue considerado por el organismo con un “elemento determinante” para incorporar al país a la lista.

El régimen orteguista también fue señalado por la CIDH debido a la “respuesta estatal represiva masiva, sistemática y grave en contra de la población” a partir de las protestas que comenzaron el pasado abril contra el presidente Daniel Ortega, y que han dejado 325 muertos.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que muestra su preocupación por la represión ejercida y las violaciones a los derechos de los nicaragüenses; además, instó al régimen a respetar las libertades en el país.

La resolución: Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua destaca la preocupación “por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión, incluido el cierre de medios independientes y la cancelación del registro de varias ONG”.

El documento insta a la opositora Alianza Cívica y al gobierno a que reanuden el diálogo nacional y que sea “amplio, creíble, representativo, inclusivo y transparente, con el apoyo de la comunidad internacional, para lograr una solución pacífica y democrática de la crisis”.

De igual forma, exhorta a Ortega a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos “y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y le pide que facilite las visitas, permita el acceso a todo el país, prevenga y evite todo acto de intimidación.