Luego de las presiones por parte de la oposición venezolana, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció que las fuerzas de seguridad del presidente Nicolás Maduro, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que ya fueron documentadas por su oficina.

“Estoy muy preocupada por el debilitamiento de la democracia, especialmente por la continua criminalización de las protestas pacíficas”, aseguró Bachelet.

La también expresidenta de Chile agregó que su oficina constató numerosas violaciones a los derechos humanos y abusos por parte del Ejército y grupos armados progubernamentales, los llamados colectivos armados.

En la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, citó denuncias de que la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutó a 37 personas en enero pasado, en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.

Además, Bachelet pidió al régimen chavista que garantice a los expertos de su oficina, quienes actualmente están en ese país, el acceso a los lugares y personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados.

“Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que esta es una primera medida positiva”, destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el gobierno de Maduro le extendió una invitación, pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes y que habrá condiciones para elaborar un informe más completo.

Bachelet ofreció un análisis de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el último año, periodo en el que, según ella, continúa el conteto de una “grave crisis que constituye un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, subrayó, al destacar que las autoridades venezolanas “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”.

Añadió que su equipo continúa investigando las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2018.

“También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela”, subrayó la alta comisionada, quien denunció que la “ley contra el odio”, aprobada por el régimen de Maduro en noviembre de 2017, se ha usado de manera arbitraria contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.

En lo social, Bachelet precisó que los recientes apagones a la energía eléctrica en Venezuela “simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país”, donde al menos un millón de niños tuvieron que abandonar la escuela por problemas económicos de familias, de infraestructura en las escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales tuvieron que emigrar a otros países.

A pesar del reconocimiento pleno del contexto de crisis, como lo demandó la oposición, Bachelet no se retractó de la idea de que las sanciones impuestas por Washington a Caracas, que afectan entre otros aspectos la venta de crudo venezolano a Estados Unidos, “pueden contribuir a agravar la situación económica”.

Apenas el pasado martes, el gobierno de Estados Unidos amplió el paquete de sanciones contra la administración de Maduro, al imponer un cerco económico a la empresa estatal de oro, que, como Petróleos de Venezuela SA de CV (PDVSA), ya tiene sus activos congelados en EU.