El gobierno de Estados Unidos confirmó que están ampliando el programa de devolución de solicitantes de asilo a México. “Estamos expandiendo [el plan] por toda la frontera. Estamos notificando a los mexicanos a medida que lo estamos haciendo. Están decididos a proteger los derechos humanos. Lo realizamos en coordinación con los mexicanos”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

El conocido como Protocolo de Protección al Migrante (MPP) inició el pasado 29 de enero. El gobierno mexicano señala que se trata de una política unilateral. La semana pasada, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo en Washington que aceptaban la devolución de migrantes mientras esperan sus trámites de asilo en Estados Unidos por razones humanitarias. No detalló cuántos indocumentados puede México asimilar.

De momento, el protocolo se está aplicando sólo en la zona de San Diego/Tijuana, pero la intención de la administración Trump es ampliarlo a toda la frontera. Organizaciones de derechos civiles como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado ante los tribunales esta práctica, considerando que viola las leyes internacionales de garantías, especialmente el derecho a asilo.

Nielsen compareció ante un comité de la Cámara de Representantes y admitió que deportó a padres sin sus hijos, dijo desconocer los efectos negativos que podría tener la política de Tolerancia Cero y separación familiar, y negó que se hubiera detenido a menores en “jaulas”, contradiciendo los informes de organizaciones proderechos humanos. La secretaria se limitó a reforzar la idea de que la “crisis” en la frontera está llegando a un punto límite, de “catástrofe humanitaria”. “Hay una emergencia. La cadena de miseria humana está empeorando”, dijo.

Documentos de una corte federal en San Diego difundidos ayer revelan que abogados del gobierno de Donald Trump reconocieron que 471 inmigrantes fueron separados de sus hijos en la frontera con México luego de que fueron acusados de cargos criminales. Los padres fueron deportados sin tener oportunidad de decidir si querían dejar Estados Unidos con o sin sus hijos.

En tanto, congresistas demócratas anunciaron que en breve presentarán un proyecto de ley para que los beneficiarios del Programa de Acción Diferida (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que los protegen de la deportación, tengan una vía para obtener residencia legal permanente en EU y puedan llegar hasta a convertirse en ciudadanos.