El Gobierno federal desplegó, a partir de ayer, 600 elementos de las policías militar, naval y federal a cada una de las 17 ciudades más violentas, que concentran el 35 por ciento de los homicidios en el país, anunció Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dijo que son 10 mil 200 elementos que estarán de forma permanente en cada una de esas regiones, y lo harán “dentro del marco legal, por lo que soldados y marinos se verán limitados en el uso de armas de alto poder, no instalarán retenes ‘adicionales’ y los policías federales actuarán como primer respondiente.

“No son las únicas coordinaciones regionales en el país que tienen problemas graves de inseguridad, pero, en este momento, derivado de las limitaciones de personal, vamos a enfocar nuestras baterías en estas 17 regiones”, precisó Durazo en conferencia de prensa.

Señaló que esos 600 elementos no sustituirán a las policías locales. “Se trata de un estado adicional de fuerza permanente”, explicó, y añadió que el despliegue se hace con el aval de autoridades locales. “No hay gobernador, no hay presidente municipal que vea mal el que agreguemos estado de fuerza para dar mayor capacidad a los cuerpos locales permanentes de seguridad”.

Consideró que el esquema de permanencia de esos 600 elementos en cada municipio es parte de la diferencia de esta nueva estrategia de seguridad con relación a lo que se había realizado en otras administraciones.

“Una cosa es realizar operativos y llevar fuerza de la Ciudad de México a Tijuana o Reynosa, y luego regresarla porque aquí, o en otro lado, se nos descompusieron las cosas, y otra muy distinta es tener un estado de fuerza que se encargue de manera permanente de los problemas de inseguridad”, dijo.

Aseguró que el objetivo central es “enfrentar eficazmente” los problemas de inseguridad, particularmente el tema de homicidios dolosos, y destacó que la estrategia no es el ir por cabecillas de los grupos criminales, sino atender el problema de forma integral.

El secretario puntualizó que las acciones que realizarán en las 17 coordinaciones prioritarias abarcarán a más de 40 municipios de 12 estados donde se desplegará, de manera paralela, la estrategia de prevención de la violencia, que incluye la operación del programa integral de desarrollo.

Precisó que, como modelo de éxito ya probado, se integrará a las mesas de trabajo de seguridad de esas regiones a las comisiones de derechos humanos y a los sectores privado, académico y social; además se impulsará un programa anticorrupción y se hará una asignación de recursos adicionales.

“El objetivo es el fortalecimiento institucional de estas 17 regiones que calificamos en este momento de prioritarias, a través de un esquema de prevención del delito, reducción de la violencia y criminalidad”, insistió.

De acuerdo con una gráfica que presentó en la conferencia, las 17 zonas están en Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León; Celaya, Irapuato, Salamanca y Uriangato, en Guanajuato; Cancún, Quintana Roo.

Asimismo, en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero; Manzanillo, Colima; Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, Baja California, y la zona metropolitana de la Ciudad de México.