Durante su mensaje semanal, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dio a conocer que una vez que se inicie con las auditorías a la cuenta pública 2018, podría haber funcionarios de la anterior administración estatal que no estuvieran exentos de responsabilidades administrativas, resarcitorio, civil o penal.

Reiteró que los servidores y ex servidores públicos estatales y municipales podrían haber incurrido en alguna falta, derivados del ejercicio del empleo, cargo o comisión desempeñado, en caso de encontrarse inconsistencias en las auditorías a la cuenta pública 2018.

Las auditorías a realizarse serán a la deuda pública, financieras presupuestales, técnicas a la obra pública, de legalidad, de desempeño, evaluaciones de participación ciudadana, de seguimiento a la cuenta pública 2017. Mismos que servirán para evaluar la eficacia y eficiencia de los actos de los servidores o ex servidores públicos, encargados de las funciones del Órgano de Control Interno de los entes fiscalizables.

Los hechos y omisiones que podrían detectarse son señalamientos que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causa perjuicio a la Hacienda Pública, pudiendo indicar, en caso de ser susceptible de cuantificarse, un monto de referencia.

Se buscará además que no exista o falte la documentación comprobatoria, que ampare o acredite la salida del recurso público; que los recursos públicos determinados como presunto daño, se hayan tramitado para pago, pagado, o identificado durante el periodo sujeto a revisión y/o ejercicios anteriores, específicamente en aquellos conceptos presuntamente irregulares.

Y que el ente fiscalizable sea omiso o falsifique información financiera, contable, presupuestal o programática; así cuando el servidor público del ente fiscalizable ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto para el que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley.