El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó una investigación para delimitar responsabilidades tras la muerte de dos menores migrantes que se encontraban bajo custodia de las fuerzas fronterizas de Estados Unidos.

"Es esencial la protección de los derechos de todos los niños -sin prejuicio de su status migratorio-, ellos son lo más importante y los más vulnerables", ha manifestado Almagro a través de su cuenta en Twitter.

Las autoridades estadunidenses confirmaron el martes la muerte de Felipe Gómez, un niño guatemalteco de ocho años, tras su detención en la frontera con México. Se trata del segundo menor migrante fallecido bajo custodia de las fuerzas fronterizas del país.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detalló que el niño falleció poco después de la medianoche del martes y agregó que presentaba "signos de una enfermedad potencial".

El niño fue llevado junto a su padre a un hospital de la ciudad de Alamogordo, en Nuevo México. Allí le fue diagnosticado un resfriado y fiebre y se le recetó amoxicilina e ibuprofeno.

El CBP manifestó que Felipe recibió el alta, si bien posteriormente fue llevado de nuevo al hospital tras presentar náuseas y vómitos. Horas después murió ingresado en el centro médico, tal y como ha recogido la cadena de televisión estadunidense CBS.

A principios de diciembre murió Jakelin Caal, una niña guatemalteca de siete años, tras ser detenida junto a su padre por agentes fronterizos estadunidenses. Las informaciones publicadas por varios medios han puesto en cuestión la atención brindada a la menor y han hecho sospechar de una posible negligencia.

El presidente estadunidense, Donald Trump, ha denunciado una "invasión" de inmigrantes centroamericanos y ha reclamado a México medidas para evitar una mayor presión en la frontera, donde el inquilino de la Casa Blanca aspira a reforzar la seguridad con un muro.

La semana pasada, los dos países vecinos anunciaron un acuerdo para destinar 35 mil 600 millones de dólares (unos 31 mil 340 millones de euros) al desarrollo de los países del Triángulo Norte -Honduras, Guatemala y El Salvador- y el sur mexicano, en el marco de sus esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria en la región.