Todo empezó, como suele ocurrir en la era Trump, con un anuncio unilateral de EU, en este caso, la devolución masiva de inmigrantes que atravesaron nuestra frontera norte en busca de asilo en suelo estadunidense. Por razones humanitarias, México brindará protección y permitirá que centroamericanos devueltos permanezcan temporalmente en el país, mientras se resuelve su solicitud de asilo migratorio, informó ayer mismo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Alday González, cuya declaración no fue compartida por el Instituto Nacional de Migración ni por la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, que consideraron que no hay capacidad operativa ni jurídica y que la nación no negociará un acuerdo que implique convertir a México “tercer país seguro”, lo que implica aceptar a los migrantes si el segundo país (EU) y el país de origen (en centroamérica) no son opciones para el migrante.

La respuesta del funcionario de la cancillería surgió tras la notificación que envió el Departamento de Seguridad Nacional de EU a las autoridades mexicanas, informándoles que implementará una sección de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, la que permite devolver de manera inmediata a migrantes para que esperen en suelo mexicano la resolución a su solicitud de asilo.

De acuerdo con el periódico The New York Times, las personas que ingresen a México después de haber sido evaluadas por personal migratorio estadunidense, deberán permanecer el tiempo necesario en el país hasta la fecha en que deberán regresar a Estados Unidos para su audiencia con el juez migratorio que previamente analizó su caso.

En conferencia de prensa, Alday González sostuvo que México permitirá la permanencia temporal de estos migrantes “por motivos humanitarios”, siempre que sea con apego a la ley, que hayan ingresado o hayan sido detenidas en EU por algún puerto de entrada y que además ya hayan sido entrevistadas por personal de control migratorio que les debieron haber entregado un citatorio para presentarse ante un juez.

CONVENIOS. El funcionario indicó que la permanencia de los migrantes se aplicará con base en la legislación mexicana vigente y los compromisos internacionales suscritos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo, así como la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros.

De tal manera que tendrán derecho a un trato igualitario sin discriminación y con el debido respeto a sus derechos humanos, así como la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar.

El funcionario de la SRE aseguró que las acciones que se implementen no constituyen un esquema en el que México se convierta en Tercer País Seguro, en el que se obligaría a las personas migrantes en tránsito a solicitar asilo en México.

Periódicos estadunidenses como The Washington Post y The New York Times informaron que funcionarios mexicanos dijeron que se enteraron de la decisión estadunidense apenas ayer por la mañana a través de cartas enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional y del actual encargado de negocios en México, John S. Creamer.

Las misivas señalan que el retorno de los migrantes comenzará de manera inmediata.

Asimismo, un portavoz de la cancillería, Roberto Velasco Álvarez, dijo que esta acción adoptada por EU no se debe a un acuerdo formal entre los dos países, sino a “una movida unilateral por parte de Washington a la que se debe responder”.

No se puede. En una conferencia en la Secretaría de Gobernación, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén López, aseguró que no existe capacidad operativa ni jurídica para recibir a los migrantes centroamericanos.

“En el corto plazo, el INM no tiene capacidad para operar ese tipo de programa. La legislación que nos regula tampoco favorece la aplicación de ese instrumento. En tanto no se hagan las adecuaciones a la actual ley migratoria, no podremos instrumentar ninguna medida de aceptación de migrantes que estén solicitando asilo en EU”.

Por su parte, la embajadora de México ante Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde fue ratificada en el cargo, advirtió que México no negociará un acuerdo de tercer país seguro, como pretende de facto el gobierno del presidente Donald Trump. “Lo hemos dicho una y otra vez a EU, que México no está interesado en negociar un acuerdo de tercer país seguro”, sentenció.

Lo que Estados Unidos comunicó con esta medida es la aplicación unilateral de una cláusula de su ley migratoria, que existe desde hace años y que no se había instrumentado y que se trató de hacer durante la administración del expresidente Barak Obama.

Bárcena Coqui agregó que, si a los migrantes con solicitud de asilo les es negado éste, corresponderá a Washington regresarlos a sus países de origen.

LA IMPOSIBILIDAD OPERATIVA Y JURÍDICA: INM

* En el corto plazo, el Instituto Nacional de Migración no tiene capacidad para operar ese tipo de programa y es que la legislación que nos regula, que es la Ley de Migración, tampoco favorece la operación de ese instrumento.

* En tanto no se resuelva la naturaleza jurídica y operativa de una ley migratoria, no podremos instrumentar ninguna medida de recepción de migrantes.

* Primero tendríamos que resolver una lista de asuntos operativos del INM en la frontera, y que no se han resuelto, pero creo que es más importante el tema de la ley, hay que ver qué se hace con ésta.

* Éste es un escenario completamente nuevo y el gran asunto en la recepción es la parte normativa y para aplicarlo hay que construir un aparato complementario.

* La figura jurídica de la ley migratoria la resolverá el Congreso, que es el que tiene la capacidad legislativa.

* No se cuenta con las facultades para este programa de recepción, principalmente porque no está establecido en la Ley de Migración.

* “No hay un marco normativo y cuando se resuelva los podemos recibir. Es una cuestión institucional”.