Con el objetivo de beneficiar a los estudiantes de escasos recursos, hoy entró en vigor el decreto firmado hace unos días por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para exentar del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación, los pagos por concepto de derechos que se generen por servicios prestados por instituciones públicas de Educación Superior.

Es en beneficio de jóvenes de congregaciones y rancherías, que se esfuerzan por mejorar su condición de vida y la de sus familias y son precisamente los que se encuentran más vulnerables ante la crisis económica que enfrenta el país.

Aunque hay que aclarar que la exención del impuesto no podrá ser invocada para aquellos derechos pagados antes de su entrada en vigor.

El mandatario estatal consideró que la educación es un derecho fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos; además, la educación promueve la libertad, la autonomía personal y es un instrumento que permite la movilidad social al propiciar que personas que se encuentran social y económicamente marginadas puedan salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participen plenamente en la vida de la comunidad.

La formación de técnicos y profesionales en los campos de la operación de tecnologías y la gestión de la producción es una necesidad creciente en un mundo globalizado y una responsabilidad de los gobiernos que buscan elevar la escolaridad de la población joven, en edad de cursar los estudios superiores.