No puede existir en este momento una autorización de impacto ambiental para la futura refinería de Dos Bocas porque ni siquiera hay un proyecto ejecutivo de esa megaobra, señala Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Su dicho refuta lo que el próximo gobernador de Tabasco, Adán López y Rocío Nahle, personales fundamentales en el proyecto amlista para producir gasolinas baratas, han propagado desde que inició este escándalo medioambiental.

En entrevista telefónica, Alanís señala que Pemex tenía autorizaciones en materia de impacto ambiental pero eran para otros propósitos y fines y no para una refinería. “No deben saltarse el análisis de impacto, porque éste debe hacerse por ley”, indica el dirigente de la organización civil que quiere llevar a Pemex a juzgados por este caso y pide a las autoridades que sean imparciales, que apliquen la norma sin mirar consecuencias al gobierno saliente o al entrante.

–¿Qué sigue en la denuncia?
–Estas denuncias están especificadas en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece la posibilidad de que cualquier persona presente una denuncia cuando considere que hay casos en los que alguien está causando daño ecológico; es una denuncia ciudadana, popular, la autoridad competente indicó que ya está investigando, recopilando información.

Estamos pidiendo que la autoridad haga una visita de inspección para constatar que lo que le dijimos corresponde a la realidad.

El Código Penal Federal habla también de reparar y compensar el daño al medio ambiente, eso es parte de lo que puede derivarse de la investigación.

Hay que hacer énfasis en el rol que debe jugar la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente ante quien se puso la denuncia. Debe ser un rol independiente, muy imparcial y ajustarse a lo que dice la Ley, sin importar las consecuencias para el gobierno saliente o el entrante

–¿Por qué denunciar este caso?
–La razón tiene que ver con la protección a la vegetación. “La limpia del terreno” se hizo incluso con la duda de quién la hizo, porque el terreno es de Pemex, pero el proyecto no es del actual gobierno, sino del próximo. Es importante referir que esto se hizo sin autorización de impacto ambiental y es importante decirlo porque Rocío Nahle asegura que la hay. No hay, lo que dice la futura secretaria no corresponde a la realidad. Hay que reconocer que Petróleos Mexicanos tenía otras autorizaciones pero eran para otros propósitos, para otros fines y no para la refinería. Se debía haber hecho uno específico para la refinería. Cómo pueden decir que ya tienen el impacto ambiental si ni siquiera tienen el proyecto ejecutivo de la obra. No nos podemos saltar esto que está por ley. Además de las consecuencias administrativas tiene consecuencias desde el punto de vista penal. El Código Penal federal habla de prisión para quienes dañen mangle, por ejemplo, y en tal caso habría que darle vista al Ministerio Público. Puede haber prisión y multa a quien ilícitamente desmonte vegetación natural.

–Hablamos de una megaobra vital en los planes del lopezobradorismo, ¿qué equilibrio debe haber entre los proyectos económicos prioritarios y la necesidad de conservar el entorno ecológico?
–El hecho de que un proyecto tenga impacto ambiental no quiere decir que entonces ya no se pueda llevar a cabo. Por eso existe la figura de impacto ambiental, los proyectos se someten a la consideración de la Secretaría del Medio Ambiente y se determina su viabilidad. Lo que hace la Semarnat cuando los proyectos tienen impacto y los aprueba es usar la modalidad favorable pero condicionada: se establecen una serie de requisitos con los que se tiene que cumplir antes, durante y después del proyecto. El impacto será así el menor posible, que se prevengan, mitiguen y compensen.

–¿Quiere decir que los análisis de impacto ambiental en Dos Bocas no hubieran sido un freno al proyecto?
–Yo creo que aquí el tema no es estar en contra de los proyectos, sino que éstos cumplan la ley. Lo que está en juego es la legalidad del proyecto y el estado de derecho en materia ambiental.

–¿La reforma legal para asignar contratos sin licitación en el caso de esta refinería jugó en contra de la ecología?
–Desde mi muy particular punto de vista esto corre por caminos separados; la ausencia de licitaciones puede generar amiguismo y compadrazgo, pero las reformas a la Ley de Adquisiciones no liberaron a la obra de la obligación de contar con estudio de impacto ambiental. Se tiene que seguir el procedimiento en materia ambiental, sea quien sea a quienes e contrate.

–¿Es recuperable el terreno en el que se desmontó la selva?
–De acuerdo al Código Penal, se tendría que reparar el daño, en un momento dado si esto avanza, habría que devolverle al sitio el estado en el que se encontraba.

—¿Serían 20 o 30 años para que vuelva a crecer la selva media?
—Pues sí… el tiempo que la naturaleza diga.