Las agrupaciones de laicos chilenos comenzaron hace unos meses a elaborar documentos para abordar la profunda crisis por la cual atraviesa la Iglesia católica de este país, uno de los cuales propone crear una “Comisión de Verdad”.

Los grupos, formados tras divulgarse decenas de casos de abusos sexuales y encubrimientos por parte de religiosos católicos en todo el país, comenzaron a reflexionar con el objetivo de entregar a la jerarquía eclesiástica una serie de propuestas de reformas dirigidas a intentar superar la crisis.

Las jornadas, señalaron a Notimex algunos de los participantes, se realizan generalmente en centros de estudio y universidades, donde cada uno llega con propuestas concretas sobre un tema particular que quedó acordado en la reunión anterior.

Una de las iniciativas más destacadas, y que ha sido abordada por varios grupos, es la eventual creación de una “Comisión de Verdad”, similar a las creadas para determinar la cantidad de víctimas que tuvo la dictadura militar (1973-1990).

En 1990, en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

En 2003, en tanto, durante la administración de Ricardo Lagos (2000-2006), fue creada la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por el sacerdote Sergio Valech, para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas en la dictadura.

La eventual comisión buscaría determinar con relativa precisión la cantidad de abusos y la cifra de menores de edad y de religiosos involucrados (como autores y encubridores) en un período de tiempo acotado, lo que ayudaría a dimensionar la realidad que vive al respecto la Iglesia católica chilena.

El mecanismo, de acuerdo a los laicos, debería estar integrado por personas de “reconocida autoridad moral”, independientes de la iglesia, quienes trabajarían en total reserva por un período de tiempo determinado bajo el auspicio del Estado.