En próximas fechas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará dos denuncias en contra de funcionarios del Gobierno del Estado por violaciones a los derechos humanos en agravio de pensionados y jubilados.

En entrevista el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados, Jesús Arenzano Mendoza quién dijo que una denuncia es de carácter administrativa y se presentará ante la Contraloría y una penal ante la Fiscalía General del Estado.

"Las observaciones que hizo Derechos Humanos no quedan en una simple recomendación, las recomendaciones se mandaron al Gobernador y que tienen que ver con el tema de las finanzas para que se destinen con tiempo los pagos o los recursos".

Dijo que se le hará el llamamiento al director del IPE Hilario Barcelata para que pague en tiempo y forma pero sobre todo coopere en la denuncia de carácter penal que interpondrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la denuncia administrativa se presentará el tema del atraso del pago de sus pensiones que tardaban entre 3 a 5 días y eso es violatorio a sus derechos constitucionales.

En ese sentido dijo que esa denuncia es en relación al desalojo violento a hombres y mujeres que son jubilados y pensionados que protestaron en Palacio de Gobierno en 2016 y que por órdenes del gobernador interino Flavino Ríos Alvarado fueron desalojados con granaderos.

"El delito es haber violentado nuestros derechos y la Constitución es bien clara en el sentido de la violación de los derechos humanos y no es una falta administrativa si no que es un delito penal y sobre de eso ahí se va".