Carlos Vidarte Fernández, Subdirector de Investigación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, dijo que los ayuntamientos que todavía no integran sus áreas de Investigación y Substanciación para dar seguimiento a las observaciones de la Cuenta Pública 2017, incurrirán en incumplimiento de un deber legal con consecuencias jurídicas graves.

Y es que sólo 115 Contralorías Internas Municipales ya cuentan con sus áreas de Investigación y de Substanciación, y faltan 97.

Sobre el tema, expuso que “es necesario porque expresamente lo pide el artículo 115 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, habla de ambas áreas y junto con ellas, establece que se debe garantizar la independencia entre ambas áreas, es decir, el que investiga no puede substanciar después y el que substancia no puede intervenir en la investigación”.

Carlos Vidarte Fernández, dijo que “el futuro nos alcanzó y no hay de otra, deben de cumplir porque hay consecuencias jurídicas muy graves de no atender esas disposiciones, contar con las áreas de Investigación y Substanciación no es materia de discusión”.

El entrevistado expuso que de no contar con esas áreas no hay manera de que puedan llevar a cabo el procedimiento porque tienen labores específicas, incluso cada una de ellas se rige por sus propios principios para efectos de investigar y substanciación.

Al respecto, detalló: “si no hay entes que no cuentan con esas áreas tendrán el problema de que no podrán aplicar la ley esto es complicado porque está vigente desde el 19 de julio del año pasado, ha transcurrido mucho tiempo. Y muy seguramente el dictamen de la Comisión de Vigilancia establecerá un término para que se informe al Congreso que está pasando con los expedientes”.

También comentó que el ente que no tenga esas áreas simplemente no va a correr el procedimiento y eso puede tener consecuencias jurídicas delicadas, incluso hasta el incumplimiento de un deber legal.

Al respecto, manifestó: “nosotros hemos sido muy enfáticos, dentro de la medida de lo posible de que se cumpla porque está en la ley y las consecuencias las estamos viendo venir, es importante que esto se haga”.

El funcionario comentó que entiende que “hay muchas cuestiones ahí en el fondo de presupuesto y estructura, tal vez no sea tan fácil para algunos ayuntamientos, pero el hecho es que lo tienen que hacer porque es un mandato expreso en la Ley General”.

Por lo anterior, comentó que ahora se abre una investigación y concluida se emite un informe de responsabilidad administrativa que es un documento completamente nuevo que nunca se había hecho y a partir de ahí se empieza a hablar de la posibilidad de determinar responsabilidades administrativas.

Como se recordará, los Órganos Internos de Control tienen facultades para inicia, investigar, sustanciar e incluso para resolver todo lo que son faltas administrativas presuntamente no graves.