Debido a que el seguimiento y evaluación de los programas sociales son un aspecto relevante para el cumplimiento de metas, el diputado José Kirsch Sánchez presentó la iniciativa que reforma los artículos 16 y 21 de la Ley de Desarrollo Social y Humano de Veracruz para establecer que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Estado deberá publicar en la Gaceta Oficial el Programa Operativo de Desarrollo Social, en un plazo máximo de 90 días, a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la entidad.

En la octava sesión ordinaria, de la Diputación Permanente, se dio entrada a la iniciativa del legislador, en la cual también se enfatiza que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social, que son prioritarios y de interés público, por lo que deberán ser objeto de seguimiento y evaluación de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social.

La ley actual sólo prevé la obligatoriedad de publicar el Programa Operativo de Desarrollo Social, pero no hace referencia sobre el plazo. Por lo que es necesario fijar el plazo de 90 días, a partir de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado a fin de cumplir oportunamente con las metas.

La evaluación cumple con diferentes propósitos dentro de los programas sociales, como son juzgar la pertinencia de estos, estimar el beneficio de los intentos de mejora, valorar la utilidad de las propuestas y programas, incrementar la efectividad de la administración y manejo, así como, satisfacer los requerimientos de la rendición de cuentas.

La iniciativa refiere que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la evaluación es “el análisis sistemático e imparcial de una intervención pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”.

Por lo tanto el objetivo de la evaluación es mejorar y reorientar las acciones y programas sociales hacia el logro de los resultados, con la finalidad de mejorar la política de desarrollo social, una mejor toma de decisiones y la transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.

Para su análisis y estudio la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional.