El próximo gobierno dará más atribuciones a la Oficina de la Presidencia y a Hacienda y le quitará a Gobernación.

De acuerdo con la iniciativa que Morena presentó ayer en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Oficina de la Presidencia concentrará la política de comunicación social de la nueva administración.

Se propone que la Secretaría de Hacienda asuma la política general en contrataciones públicas y participe en negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público. También manejará y depurará el padrón de beneficiarios de programas gubernamentales.

La iniciativa plantea que las oficialías mayores se conviertan en Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán nombrados por el secretario de Hacienda, excepto para Sedena y Marina.

La Segob se enfocará a la política interior y atención integral a víctimas, pues las tareas de seguridad, protección civil, readaptación social e inteligencia sobre delitos pasarán a la nueva SSP.

Reingeniería en el gobierno federal

Se fortalecerá Hacienda y reviven la SSP, entre otros ajustes en la Administración Pública Federal.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó ante el pleno de San Lázaro la arquitectura institucional que tendrá la Administración Pública Federal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que desinfla a la Secretaría de Gobernación y robustece a la Secretaría de Hacienda y a la Oficina de la Presidencia; esta última estará a cargo de los llamados “superdelegados”.

La Secretaría de Gobernación estará enfocada principalmente a la política interior, al diálogo democrático e institucional y a la atención integral de las víctimas, pero las funciones de seguridad, protección civil, readaptación social, reconstrucción del tejido social e inteligencia vinculada al comportamiento delictivo pasarán a una nueva dependencia, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esta nueva institución deberá relanzar el programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia y se quedará al mando del Centro Nacional de Inteligencia, es decir, el reformado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Población y de Seguridad Pública, pretende incrementar las facultades de la Secretaría de Hacienda, pues llevará a cabo la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, participará en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público y manejará y depurará el padrón de beneficiarios de los programas gubernamentales.