La muerte del opositor venezolano Fernando Albán desató ayer una ola de acusaciones contra el régimen chavista, que asegura que el concejal del municipio caraqueño de Libertador se suicidó mientras se encontraba bajo custodia del Sebin, la agencia de inteligencia militar del gobierno.

Las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos del mundo han pedido al dictador Nicolás Maduro una investigación independiente que determine responsabilidades en este caso.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU indicó que analizará este suceso por su cuenta, dentro de una investigación más amplia sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Gobiernos como los de Estados Unidos y Brasil exigieron también que se esclarezca este hecho y se determinen responsabilidades, y destacaron que la muerte se produjo mientras el político disidente estaba bajo custodia del Estado.

España, por ejemplo, convocó a consultas al embajador venezolano, Mario Isea, para pedirle explicaciones sobre una muerte que, según el canciller Josep Borrell, genera “profunda preocupación”.

La Conferencia Episcopal del país duda de que Albán se suicidara, puesto que recuerda que el opositor tenía “profundas convicciones religiosas” y la Iglesia cree que sólo Dios puede arrebatar una vida.

Por su parte, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, rechazó la versión de que Albán se arrojó al vacío en las instalaciones del Sebin, responsabilizó al régimen del “homicidio” y pidió a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) investigar su muerte.