El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, señaló que a pesar de que la reforma al esquema pensionario, normado por la Ley del Seguro Social, tiene más de 20 años, el costo de transición aún muestra una tendencia creciente.

Se estima que, entre 2035 y 2040, el total de obligaciones pensionarias alcanzará su máximo; se calcula que en 2035 ascenderá a 1.2 billones de pesos, cifra equivalente a 20.1 por ciento del presupuesto total aprobado para el ejercicio fiscal 2018, y más de una tercera parte de los recursos del gobierno federal, vertidos en la Ley de Ingresos de este año.

En el documento "Gasto en Pensiones y su Perspectiva de Largo Plazo”, el CEFP aclara que dicho monto no es el total del gasto en pensiones, pues hay otros esquemas de beneficio definido, "de los que no se cuenta con información para realizar alguna estimación ni conocer su flujo de obligaciones, pero que demandan recursos".

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Algunos de esos casos son: los sistemas pensionarios de los estados, de las universidades y de algunos organismos autónomos, como el esquema de retiro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Agregó que este caso, si bien el monto de sus obligaciones pensionarias pueden no representar demasiado respecto al total nacional, las cuantías que obtienen los trabajadores son significativamente mayores a la pensión mínima que tienen garantizada los cotizantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Puntualiza que desde la reforma al esquema pensionario del IMSS, el diseño de cuentas individuales se vislumbraba como muy prometedor en cuanto a la reducción del costo fiscal en la materia. Tal efecto se acentuaría al modificarse en 2007 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

No obstante, dichos esfuerzos por reducir el costo fiscal se ven disminuidos por diversos factores, entre ellos, porque las reformas que se dieron en algunos otros esquemas pensionarios importantes, como el de Petróleos Mexicanos (Pemex), surgieron casi 20 años después de los cambios a la Ley del Seguro Social.

En el caso de Pemex, se siguieron acumulando, por 20 años más, nuevos trabajadores con derechos pensionarios bajo un esquema de beneficio definido.