Morena en el Senado a través del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, busca reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para rotar a jueces de distrito y magistrados de circuito, con el propósito de que no incurran en actos de corrupción.

“Durante muchos años, décadas, en el Poder Judicial federal se han enquistados jueces y magistrados de circuito, que duran hasta más de 20 años, sin rotación, quien tiene la facultad para hacer la rotación es el Consejo de la Judicatura”, acusó.

Para ello, Monreal presentó una iniciativa donde ningún juez o magistrado podrá permanecer por más de seis años en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial y mínimo estará tres años y después se le rotará cuando el juzgador se encuentre en el máximo de tiempo.

“Al durar más de 10, 15, 20 años en algún lugar, los jueces y magistrados por razones naturales generan cotos de poder con litigantes, con despachos, con funcionarios y con su personal interno”, advirtió.

Los jueces y magistrados podrán señalar las plazas de su interés, así como su situación personal o familiar, las cuales serán consideradas al momento de resolver la readscripción respectiva.

“No podemos soslayar la necesidad de establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas plazas existentes en las entidades federativas, si se toma en consideración la existencia de casos de corrupción detectados en el Poder Judicial, lo cual en gran medida es consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiples casos”, asegura.

En la exposición de motivos de su iniciativa, el también coordinador de Morena en el Senado, detalla que esta medida también contribuirá a favorecer la impartición de una justicia pronta, expedita e imparcial.

Ello —agregó—, con el propósito de que la función jurisdiccional se encuentre, en mayor medida, libre de presiones e influencias externas que le signifiquen un menoscabo en la labor principal de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción con el consecuente beneficio para los justiciables.