Reconoció el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, que en la Cuenta Pública 2017, en los entes fiscalizables estatales y municipales sí hay presunto daño patrimonial.

Sin dar información al respeto, porque la ley se lo prohíbe, agregó que los servidores públicos y exservidores públicos tendrán un plazo para solventar antes de que se emitan la resolución final.

Es de recordar que la Cuenta Pública 2017 que se audita, corresponde a la primera del actual gobierno estatal y es la última de los 212 ayuntamientos que el 31 de diciembre del año pasado concluyeron su periodo constitucional.

Advirtió que todo servidor público sabe su actuación y lo que realizó y si actuó mal, sabe que habrá una consecuencia, porque el ORFIS detectó que no se actuó con legalidad.

Dijo que al momento, la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 lleva un avance del 95 por ciento y que el 1 de octubre entregará al Congreso del Estado el informe del Resultados.

Adelantó que al momento de que se selle de recibido el documento, toda la información de la cuenta pública 2017 se subirá al portal electrónico del ORFIS.