Se prevé que la tarde de este miércoles se solicite a un juez de control del Estado de México una nueva prórroga para concluir con la investigación que se sigue contra el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por lavado de dinero.

Esta sería la segunda ocasión en que se pide al Poder Judicial de la Federación la extensión del plazo de seis meses que se le concedió el pasado 5 de enero para cerrar sus indagatorias pues debieron confluirse en julio.

De esta forma se deberá, explicar ante el juez federal, tanto por parte de la fiscalía como la defensa del exmandatario local, los argumentos por los cuales se pretende extender el periodo de investigación complementaria.

Fue el juez de control José Artemio Zúñiga quien, tras casi 14 horas de audiencia y luego de escuchar los argumentos de la PGR y de la defensa vinculó a proceso al exmandatario por su probable participación en calidad de coautor de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de ocultamiento de bienes, resultado de una actividad ilegal.

Desde entonces el juzgador federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Ciudad Nezahualcóyotl determinó decretar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, por lo que el exmandatario estatal fue finalmente trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos.

Esto después de que el fiscal Rafael Montiel sostuviera que existía riesgo de que el imputado se fugara pues cuenta con 13 domicilios en Quintana Roo y ninguno en el Estado de México, lo que le permitiría la facilidad de ocultarse o incluso salir del territorio nacional.

Según la PGR, el acusado usó una red de allegados, entre ellos su mamá, Rosa Yolanda Angulo Castilla y su papá Roberto Borge Martín, para lavar dinero mediante la enajenación, compra de predios a precios por debajo de su valor real. Con estas acciones, el exmandatario causó un daño al erario por 900 millones 99 mil 418 pesos.