El Presidente de México podrá remover al fiscal general de la República si considera que éste ha atacado a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno republicano y federal, o tolera, consiente o apoya violaciones graves a los derechos humanos.

Sólo el Senado podrá objetar esta decisión. Así lo especifica el proyecto de iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que será presentada por Morena ante el Senado.

El fiscal tendrá un año para definir la estrategia de transición de PGR a fiscalía que incluya un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales y los casos pendientes.

El proyecto, del cual Excélsior posee una copia, especifica que el titular deberá elaborar un Plan de Persecución Penal y si incumple los objetivos podrá ser removido del cargo, para lo cual “el Ejecutivo Federal deberá expresar las razones, justificar y acreditar la causa grave que motivó la remoción. El Senado propondrá si objeta o no esta remoción”.

La propuesta destaca que aparte de ser abogado, mexicano y no haber sido condenado por delito doloso, el fiscal deberá contar con buena reputación, definida por la calidad profesional relevante y por la honorabilidad, alta calidad técnica, compromiso con los valores democráticos, independencia y reconocimiento social.

El documento fue elaborado por los diputados federales Zoé Robledo y Tatiana Clouthier, en conjunto con el exfiscal Santiago Nieto y organizaciones civiles.