Debido a que no existen sanciones a las empresas del autotransporte federal que no aplican descuentos a personas de la tercera edad, estudiantes y discapacitados, es necesario homologar la normatividad para que se generen exenciones en el cobro del pasaje a estos sectores, dijo el jefe del Departamento de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Orizaba, Luis Rey Hernández González.

“Jurídicamente hablando hace falta una alineación de normatividad para que se llegue a una determinación con fuerza legal, pero bueno, este es un inicio y bueno sí hace falta que el marco jurídico se homologue y sea aplicable dentro de la reglamentación del transporte federal y si no, pues seguiremos trabajando en este esquema de convenios y acuerdos”.

Mencionó que las tarifas en el transporte federal están liberadas y depende de cada empresa aumentarlas o disminuirlas.

“La tarifa está liberada cómo escuchamos hoy, esta empresa está comprometida a reducir en vez de elevar temporalmente, la tarifa federal tiene normatividad distinta y se hacen los descuentos en los precios correspondientes y las personas de tercera edad no tienen descuentos ni los maestros y estudiantes y en vacaciones sólo se aplica”.

Señaló que el Marco Jurídico se debe de alinear a las disposiciones en cuestión de Derechos Humanos, “es ese problema el que tenemos a una disposición coercitivamente a la empresa para que otorgue sus descuentos, pero bueno ese es un punto de partida importante y esperemos que tenga ese efecto”.

En el caso de CHYC que ofreció descuentos totales a las personas discapacitadas, el funcionario federal comentó que este descuento se va aplicar a través de un convenio y que tiene su origen en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el 21 de febrero.

“Entonces es posible en el Estado y tenemos la indicación de seguir trabajando con las empresas para que sigan firmando convenios, en este caso sería la empresa Chóferes y Cobradores y se podría replicar en otras líneas camioneras y federales pero solamente a través de un convenio puesto que si no es así, no hay ninguna sanción porque no hay una obligatoriedad para hacerlo, de ahí la necesidad de alinear u homologar el marco jurídico”.