La estrategia utilizada en el caso de Elba Esther Gordillo Morales, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), podría ser aplicada en casos como los de los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Sonora, Guillermo Padrés Elías, así como el Odebrecht, porque fue violado el secreto bancario.

Uno de los argumentos utilizados por el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México para ordenar la liberación de Gordillo Morales fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2017, el cual establece que para sus investigaciones, el Ministerio Público debe solicitar a un juez su autorización para obtener información bancaria sobre las personas sobre quienes realiza sus pesquisas.

Consideró que la mayor parte de las pruebas obtenidas contra Elba Esther Gordillo son ilegales y, por tanto, no debían ser tomadas en consideración como parte del expediente, razón por la que el caso no pudo sustentarse más.

Una de las diligencias básicas que realiza la PGR en sus investigaciones sobre delitos fiscales, enriquecimiento ilegal u operaciones con recursos de procedencia ilícita es solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información y documentación sobre los probables responsables.

Fuentes federales confirmaron que a partir de la emisión de ese criterio, la PGR ha intentado repetir las pruebas que pudieran ser tachadas de ilícitas antes de que los jueces comiencen a aplicarles el criterio de la Corte.