
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, consideró que es hora de trabajar y dar los resultados que la sociedad veracruzana demanda, esto tras la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, pues dijo que el ámbito de actuación del SEA es técnico, no político, por lo que está obligado a cumplir con lo que señala la ley.
En su mensaje semanal, dijo que es un órgano técnico representado y presidido por la ciudadanía y no por diversas instancias gubernamentales, pues su finalidad es establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de gasto público, con principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Explicó que el Sistema Estatal es conformado por integrantes del Comité Coordinador y por el Comité de Participación Ciudadana, también del titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, el titular de la contraloría general, un representante del consejo de la judicatura, el comisionado presidente del instituto veracruzano de acceso a la información y protección de datos personales, y el presidente del tribunal estatal de justicia administrativa.
Este, tendrá un Órgano de Gobierno integrado por los miembros del Comité Coordinador y será dirigido por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana; contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado en términos de la Ley respectiva, y contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables, y estará limitado en sus atribuciones al control y fiscalización de la Secretaría Ejecutiva.
Celebrará el Órgano de Gobierno, por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año, además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los asuntos de su competencia, las cuales serán convocadas por su Presidente o a propuesta de cuatro integrantes del Órgano de Gobierno.
