El Ayuntamiento de Orizaba ignoró una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para pagar la indemnización al comerciante Rodrigo Zopiyactle Mayahua, esto por la retención ilegal de su mercancía e instrumentos de trabajo. Hasta ahora ese pago no ha sido cubierto.

El afectado explicó que, en 2016, la Policía Municipal lo detuvo cuando se encontraba vendiendo frituras a bordo de una carretilla en Oriente 6 entre Sur 17 y 19, sin previo aviso, se lo llevaron a la Inspección de Policía, en donde tuvo que pagar mil 200 pesos sin que le regresaran ni su mercancía ni la carretilla, situación por la que en su momento presentó una denuncia ante la Fiscalía.

Comentó que por esos hechos solicitó una indemnización por los cuatro meses que no trabajó, pues tenía temor de que se lo volvieran a llevar. El comerciante trabajaba todos los días y ganaba 200 pesos diarios, es decir, la adeudan unos 24 mil pesos.

Dijo que actualmente ya está trabajando, pero es la fecha en que no se ha hecho la reparación del daño que le causaron y que en su momento le provocó afectación por el abuso de autoridad, por lo que solicitó que el expediente se mande a Xalapa para que allá se resuelva.

“El asunto no se ha resuelto y el argumento del fiscal es que mejor que negocie con la autoridad, porque si se va el expediente a Xalapa, como lo he solicitado, lo voy a perder porque no tengo dinero”.

Reveló que ha mantenido dos reuniones con un joven que se presentó como parte del Jurídico del Ayuntamiento de Orizaba, este le ha dicho que le devolverán la carretilla y mil 200 pesos que pagó de multa y lo que corresponde de sus frituras, pero a cambio deberá de retirar la demanda, debido a que no pagarán ninguna indemnización porque no reconocen la recomendación de la CEDH.

“Al tercer día creo me habló el fiscal y me dijo que sólo me daban la mitad, que, si lo aceptaba o lo dejaba, y para ya no tener más problemas le dije que sí, pero el fiscal dijo que se volverían a comunicar conmigo porque el Ayuntamiento estaba consiguiendo el dinero, eso ya tiene un mes y hasta la fecha no me han hablado”.

Este problema ocurrió cuando fungió como alcalde Juan Manuel Diez Francos y jamás se resolvió. Pero el proceso continúa y a siete meses de la administración de Igor Rojí López, no se tiene ninguna respuesta favorable hacia el afectado.