El Gobierno del Estado le debe al Instituto de Pensiones un aproximado de 14 mil millones de pesos, cantidad que no pagará el actual gobernador Miguel Ángel Yunes y se espera que el próximo mandatario Cuitláhuac García Jiménez, declaró el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados AC en la zona Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza.

Confió en que el próximo gobernador se comprometa en pagar la deuda que hay con el IPE y no sólo eso, sino también los recursos de la reserva técnica que son 7 mil 500 u 8 mil millones de pesos.

Asimismo aseguró que con la reforma a Ley 287 de pensiones se resolverán algunos de los temas que son considerados como mal hechos y expresó que se trata de un avance significativo pues a pesar de que no se dio con todo lo que se proponía, obtuvieron un respaldo legal para mantener las finanzas transparentes y sanas.

El entrevistado se congratuló y expuso que por fin se logró la reforma a la Ley 287 de Pensiones que podría resolver algunos de los temas que consideraron estaban mal hechos, como por ejemplo que se le devuelva al instituto el carácter público que la Ley de Duarte le había quitado y con esto cualquier intento de privatización quedará detenido.

Además de que el Patrón será el Estado, debido a que en la ley anterior “los patrones eran los titulares de las secretarías como la SEV, Finanzas, Salud entre otros.

Aunque dijo que se avanza lentamente en la democratización del Consejo del Órgano del IPE porque contarán con un representante de cada una de las asociaciones de jubilados debido a que antes no los había, porque eran los sindicatos activos.

Además, cada tres años habrá una rotación de los integrantes del Consejo, excepto con los representantes de Gobierno que serán ocho, así como seis de los sindicatos y uno de los jubilados. Además, a las sesiones del Consejo asistirá un diputado con participación.

Destacó que a partir de la entrada en vigor, ahora las sesiones serán públicas y las actas se subirán de manera inmediata al portal de transparencia.

“Le pusimos un candado importante en la transparencia porque ya no serán a puerta cerrada, también se rescata la obligación de proporcionar créditos hipotecario, claro, dependiendo de la disponibilidad financiera”.

Agregó que en la parte financiera, se creará un comité financiero que será el encargado de presentar al Consejo los proyectos de inversión de bienes, si van a desincorporar bienes, verá cómo lo van a hacer e incluso si no se desincorporan, que sean productivos y fijarán las tasas de interés de los préstamos.